Hasta hoy, familiares o los propios ex prisioneras y prisioneros que fueron detenidos en el ex Estadio Chile, han iniciado procesos judiciales en busca de justicia y reparación. El de Víctor Jara y Littre Quiroga se cerró finalmente en 2023. Hay muchos más que aun están pendientes.
El caso de Víctor Jara y Littré Quiroga
La primera demanda
El proceso judicial por el asesinato de Víctor Jara comenzó en septiembre de 1978. Desde su exilio en Londres, su viuda Joan Turner interpuso una demanda por homicidio en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, que buscaba identificar a las personas e instituciones a cargo del Estadio Chile cuando fue centro de detención, y a los responsables directos del asesinato de Victor.
Las instituciones involucradas negaron su participación, y un año después los tribunales civiles se declararon incompetentes. El caso pasó a la Justicia Militar, que también lo terminó por rechazar, y por eso volvió al Quinto Juzgado del Crimen. Tres años después, en agosto de 1982, el juez Juan Carlos Urrutia estableció (en el Proceso Judicial Rol n°16379-2005), que, “pese a encontrarse acreditada la existencia del delito, no existen antecedentes suficientes para acusar a determinadas personas como autor, cómplice o encubridor, se sobresee temporalmente la causa”.
Así fue como en junio de 1983, el proceso judicial por el asesinato de Víctor Jara fue cerrado.
Foto: Joan Jara entregando su testimonio en Italia. | 1977 | Archivo Victor Jara
La segunda causa
Casi 15 años después, en enero de 1998, Joan Turner junto a sus hijas Amanda y Manuela interpusieron una segunda querella en contra de Augusto Pinochet Ugarte y todos quienes resultaran responsables de la muerte del cantautor. La representación fue asumida por el abogado Nelson Caucoto, quien dirigió su tramitación desde agosto de 1999, y sumó elementos de la primera querella de 1978.
El proceso se sustentó en tratados internacionales, y también en testimonios de ex prisioneros y prisioneras que estuvieron con Victor Jara en el Estadio Chile.
Al mismo tiempo que se desarrollaba el proceso por la muerte de Víctor Jara, la familia de Littré Quiroga inició una querella criminal en contra de Augusto Pinochet, Mario Manríquez y todos quienes resultaran responsables del homicidio calificado del ex Director del Servicio de Prisiones.
Littré Quiroga era una abogado de 33 años, militante comunista, y que se presentó voluntariamente al llamado que hicieron los militares a las autoridades del gobierno. Entonces fue conducido a un Regimiento y desde allí al Estadio Chile, donde fue especialmente maltratado por los militares. Su cuerpo y el de Víctor Jara aparecieron el 16 de septiembre de 1973 en un sitio eriazo al sur de Santiago, al costado del Cementerio Metropolitano.
La familia Quiroga inició los procesos judiciales en 1987 y con la detención de Pinochet en 1998, los trámites se aceleraron. Nelson Caucoto tomó el caso entonces, y ante la similitud de ambas historias, las unió en una sola causa judicial, y que buscaba encontrar a los asesinos de Víctor Jara y Littré Quiroga.
Las nuevas diligencias del caso exigieron la declaración de militares que permitieron identificar al personal de Ejército y Carabineros en servicio en el Estadio entre el 11 y el 15 de septiembre de 1973. Aunque el Ejercito de Chile nunca reconoció al militar a cargo del Estadio, el 2004 se precisó que era el Teniente Mario Manríquez Bravo, identificado por militares y prisioneros como el responsable del mando del Estadio Chile en 1973.
En 2008 el juez Fuentes Belmar estableció que sólo era era posible acreditar la culpabilidad de Manríquez Bravo, y, ante esa limitación, puso fin a las investigaciones. Unos meses después- ya el año 2009- Manríquez falleció y fue sobreseído
El camino final
A los pocos días del final de las investigaciones establecida por el juez, la petición de nuevas diligencias del abogado Caucoto, (y una campaña pública de la Fundación Victor Jara), obligó a que el proceso se mantuviera abierto.
Una de esas diligencias fue la declaración de militares conscriptos, que habían estado en el Estadio Chile en septiembre de 1973. Su testimonio determinó necesario una autopsia, y en junio de 2009 se realizó la exhumación del cuerpo de Victor Jara. Por casi seis meses se hicieron pesquisas que contribuyeron definitivamente a la identificación de los asesinos. En diciembre de 2009 se hizo un nuevo funeral, esta vez multitudinario, y se instalaron los restos del cantautor en una nuevo lugar, donde descansan hasta hoy. Desde noviembre de 2023 comparte ese espacio con su esposa Joan Jara.
A fines del año 2012, el nuevo ministro de la causa Miguel Vázquez, inició el largo procesamiento, que terminó en julio de 2018, con condenas para nueve ex militares, acusados del secuestro y asesinato de Victor Jara y Littré Quiroga. Las penas eran por 15 años y un día, por el delito de homicidio calificado, y tres años por el delito de secuestro simple.
Tras fallos, postergaciones y apelaciones, en 2023 – después de 50 años de cometido el crimen- la Corte Suprema de Chile ratificó la sentencia y ordenó que se encarcelara a siete de los acusados (los otros dos fallecieron durante el proceso): Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto, y Rolando Melo Silva (condenado a cinco años solo en calidad de encubridor).
Temas pendientes
Un décimo acusado aún no termina su proceso. El ex militar Pedro Pablo Barrientos, identificado como responsable de torturas a Victor Jara y otros prisioneros del Estadio Chile, residía en Estados Unidos, y aunque tenía una orden de captura internacional desde 2013, se mantenía prófugo.
A finales de 2023, Barrientos fue deportado a Chile luego de ser revocada su nacionalidad, y en 2025 la Ministra en Visita Paola Plaza dictó la acusación formal en su contra por delitos de secuestro y homicidio calificado contra Victor Jara y Littré Quiroga. Hasta el 2026, se mantenía detenido en recintos militares.
De los otros siete, Hernán Chacón Soto nunca llegó a la cárcel, porque se suicidó en su domicilio en Santiago cuando fueron a buscarlo para llevarlo a prisión. Edwin Dimter Bianchi presentó informes psiquiátricos -según los cuales padecía enajenación mental- y se mantuvo en libertad hasta 2024, cuando la Ministra en Visita desechó esos descargos. Nelson Haase Mazzei, ex capitán del Ejército de Chile condenado a 25 años de prisión, aun se encuentra prófugo de la justicia.
Otras causas
Junto a las causas de Victor Jara y Littré Quiroga, más de una veintena de demandas y querellas han sido presentadas por ex prisioneras y prisioneros políticos, muchas de ellas desarrolladas en los últimos diez años.
Las organizaciones sociales y los sobrevivientes a los crímenes de la dictadura son los grandes protagonistas de cada uno de estos procesos, y con muy poco acompañamiento desde el Estado. Son las personas quienes han invertido esfuerzos y recursos para obtener justicia y verdad.
Una causa colectiva ha sido rotulada como “Estadio Chile” y reúne los procesos por las ejecuciones de Sócrates Ponce y Hernán Cea, ambos, reconocidos por los Informes de Verdad y Reconciliación. También allí residen las investigaciones por la muerte de Gabriel Panes Muñoz y de Lelia Pérez , por violencia política-sexual a menores de edad ejercida por agentes del Estado.
En paralelo el Plan Nacional de Búsqueda ha marcado el ex Estadio Chile como lugar de interés en el caso de la desaparición de Guillermo Arenas Díaz, detenido desaparecido que pasó por el recinto.
Justicia transicional
La justicia transicional es un concepto que extendió su uso en la década del 70, y que se refiere, dicen documentos de las Naciones Unidas, a “toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación”.
La justicia transicional busca reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, y aumentar la confianza en la sociedad y en las instituciones del Estado.
En Chile, el proceso de justicia transicional que se ha desarrollado tras el fin de la dictadura ha sido lento. Como sentenció el Presidente Patricio Aylwin desde 1990 a 1994, primer mandatario elegido democráticamente tras 17 años de régimen militar, la justicia se aplicaría “en la medida de lo posible”.
Así fue como la acción de familiares, sobrevivientes, y agrupaciones de Derechos Humanos, iniciaron procesos judiciales, que tardaron mucho en progresar, hasta que en 1998, tras la detención de Augusto Pinochet en Londres por casos de lesa humanidad, la situación cambió. Según cifras entregadas por el abogado Nelson Caucoto, entre los años 2000 y 2003 se lograron 300 procesamientos por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, una cifra mucho mayor a toda la década anterior.
Hoy hay cientos de procesados y muchos violadores de Derechos Humanos están en la cárcel, aunque aun existen muchas causas pendientes y ha habido, también, muchos procesos sin terminar y culpables que nunca llegaron a la cárcel
En ese contexto, se han desarrollado más de una treintena de demandas y querellas por los crímenes cometidos en el ex Estadio Chile.
